El Gobierno expulsará a los benedictinos del Valle de los Caídos y no descarta derribar la cruz

El Gobierno echará a los benedictinos del Valle de los Caídos y abrirá un período de reflexión sobre el destino final de la cruz para reconvertir el espacio en un cementerio civil. Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al afirmar que la fundación de los benedictinos presente en el Valle de los Caídos «se extinguirá automáticamente» porque «ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática».

Hasta la reconversión del espacio se producirá un «régimen transitorio» que, según Calvo, se regulará «mediante decreto». De esta forma, paulatinamente, el Ejecutivo pretende que los benedictinos abandonen el Valle de los Caídos. Dice que irán «avanzando en la resignificación» pero ha precisado que, «de momento, se convertirá en un verdadero cementerio civil, de respeto y de paz de todas las víctimas que son de los dos bandos».

«La presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos es incompatible con la resignificación de este lugar», según la vicepresidenta, quien añade que «tanto las fundaciones públicas como las privadas que tengan una repercusión pública no pueden enaltecer las dictaduras ni los totalitarismos ni las figuras correspondientes».

El objetivo del Gobierno, con la expulsión de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, pasa por convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las «30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto”.

Sobre la cruz que culmina el conjunto arquitectónico, Calvo ha dicho que el Gobierno «reflexionará» sobre su destino final. Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, presentó en 2018 una propuesta para demoler el símbolo más identificativo de este espacio.

El proyecto presentado en su día por Podemos e Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados defiende (artículo 53) la “desacralización de este espacio monumental” y el “desmantelamiento o demolición” de la cruz, cuyo mantenimiento, dicen, es incompatible con un Estado democrático (sic) y con la “resignificación” del complejo como “lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo”.

Una nueva Fiscalía

La denominada nueva Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos aprobada este martes por el Consejo de Ministros recoge la creación de una Fiscalía para sancionar y perseguir su incumplimiento. También incluye la supresión de las fundaciones que hagan apología del franquismo, la exhumación de víctimas de la dictadura de las fosas comunes con dinero público o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española.

La norma también prevé retirar condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida en su día al policía fallecido «Billy el Niño».

Además, se transformará el actual Panteón de Hombres Ilustres en un «Panteón de España» donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles de la política, la ciencia o las artes, en tanto que el Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil, en el que se rinda homenaje a las cerca de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta.

Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.

La norma incluye la atención a colectivos especialmente reprimidos por la dictadura, como mujeres u homosexuales, así como la etnia gitana y se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones de la Memoria para su impulso.